El Anti-Counterfeiting Trade Agreement, o ACTA, es un acuerdo multilateral que busca evitar la falsificación de bienes, los medicamentos genéricos y la piratería en internet. Este acuerdo permitirá aumentar la vigilancia fronteriza y obligará a los ISP a vigilar todos los paquetes de datos que sean cargados o descargados desde internet, sancionando a los infractores con multas, pérdida de su acceso a internet, o hasta la prisión.
Sin embargo, ACTA ha generado una serie de respuestas en contra, debido a que su redacción implica una severa afectación a los derechos fundamentales, como la privacidad y la libertad de expresión.
Incluso la organización Médicos sin Fronteras se ha pronunciado contra la firma de este acuerdo porque complicaría aún más el ya difícil acceso a medicamentos en los países emergentes.
Para entender las implicaciones que la aplicación de ACTA trae a nuestro país, Computerworld México charló con Ivonne Muñoz, abogada especialista en derecho informático, con experiencia en el sector corporativo y asesora de la Business Software Alliance (BSA). De acuerdo con la licenciada, en lo que respecta a protección de la propiedad intelectual, ACTA sería un complemento a la regulación mexicana actual que ya contempla lineamientos de protección de derechos de autor y propiedad industrial similares a los que se proponen en el acuerdo.
“México tiene suficiente legislación para proteger a las empresas. ACTA sería una homologación a nivel internacional que conjunta una serie de convenios internacionales”, comentó. Sin embargo, “tal como está redactado ACTA es un documento más fuerte y más agresivo”, agregó.
Principales temores
La mayor preocupación que suscita este acuerdo es la falta de claridad respecto a los mecanismos de control que se aplicarán. Los borradores de ACTA que se han dado a conocer no definen qué organismo debería ser el responsable de darle seguimiento judicial y procesal. Tampoco deja claro a cuál entidad se le podría fincar la responsabilidad legal por distribuir, transmitir o poner a disposición del público copias de contenidos protegidos: si a los proveedores de servicios en línea o a los individuos que los hayan publicado.
Así, la firma y aprobación de este acuerdo es apenas el inicio para establecer una serie de regulaciones que acoten las conductas, la tipificación del delito y las sanciones que se aplicarán. Muñoz explica: “Si el Congreso la aprueba, será necesario legislar para determinar de qué manera entrará en vigor y qué organismos serían los reguladores. En ese momento se debe aplicar un blindaje para la privacidad y la protección de los datos personales”, comentó.
Sin embargo, actualmente el Congreso de la Unión ya no se encuentra en sesiones. Esto quiere decir que los diputados y senadores que estudiaron esta iniciativa y que en 2010 se pronunciaron en contra, ya no estarán a cargo de rechazar o aprobar ACTA. La tarea corresponde ahora a los recién elegidos diputados y senadores, que entran en funciones el 1º de septiembre.
Pero debido a la secrecía de las negociaciones, es poca la información que se tiene disponible sobre el alcance del acuerdo. De hecho, el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, también presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, aseguró que el Senado desconoce por completo el documento final y los compromisos que el gobierno federal firmó en Japón.
Castellón aseguró a los medios que la firma de ACTA representa una clara “falta de respeto” al trabajo del Senado alrededor de la discusión, análisis e impacto de este tratado.
Por su parte, el diputado Rodrigo Pérez-Alonso, presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital y Secretario de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, se manifestó contra la firma de ACTA. “Desde que se revelaron los primeros documentos en el 2010, la Cámara de Diputados, el Senado de la República y diversas organizaciones de la Industria de las Tecnologías de la Información y de la Sociedad Civil, manifestamos nuestro rechazo a un acuerdo comercial que atenta contra las libertades de los usuarios de internet, y pretende convertir a los proveedores de servicios de internet en un cuerpo policiaco del Estado”, declaró el legislador.
Pero haciendo caso omiso de esta negativa, y a pesar de que una semana antes el Parlamento Europeo rechazó la aprobación de este acuerdo, el pasado 11 de julio el embajador de México en Japón firmó la adhesión de México al convenio.
La postura del IMPI y la respuesta de la industria
La noticia de la firma de ACTA fue dada a conocer por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Las reacciones de rechazo no se hicieron esperar. José Rodrigo Roque Díaz, director general del IMPI, afirmó en diversas entrevistas que ACTA no viola el derecho a la cultura y a la información, privacidad de datos, comunicaciones privadas, ni principios de debido proceso.
Roque Díaz comentó que aunque el Parlamento Europeo rechazó ACTA, en realidad el acuerdo no está muerto, sino que está a la espera de la respuesta del tribunal de la comisión europea sobre la violación de los derechos de los internautas. “El IMPI quiere dejar claro que ACTA no viola ningún derecho fundamental como la libertad de expresión, por lo que el gobierno federal presionará para que se ratifique en el Senado”, expresó.
Ante estos comentarios, el diputado Pérez-Alonso dijo: “Los argumentos que esgrime el IMPI son engañosos y no reflejan la letra del acuerdo, que entorpece el libre intercambio de información a través de internet”.
Por su parte, el senador Castellón consideró que los comentarios del presidente del IMPI son “una falta de respeto a quienes emitieron sus comentarios sobre el tratado hace casi dos años”, dijo.
Los huecos de la ley y las implicaciones de ACTA
La licenciada Ivonne Muñoz considera que si ACTA es aprobada por el senado, las empresas tendrán que cuidarse más. Y es que la responsabilidad de usar materiales protegidos por derechos de autor es ahora muy grande, explica: “Esto implica que con cada cita que uno añada en sus publicaciones online se debe tener una autorización expresa del autor para no meterse en problemas.”
Y de hecho, aclara la abogada, por ley se deben citar fuentes y respetar la autoría de los materiales, pero el planteamiento de ACTA apunta a un proceso demasiado inquisitivo que puede incluso generar temor de citar fuentes o hasta escribir. De aprobarse el acuerdo, considera, podemos esperar un veto y auto-censura, así como un proceso de evaluación de contenidos que lamentablemente aún no se ha definido quién lo hará y bajo qué óptica.
No hace falta ser abogado para saber que la legislación se aplica aprovechando las lagunas regulatorias a conveniencia. En este sentido, el Senador Castellón también advirtió sobre los puntos ambiguos de ACTA y agregó que el problema es que depende de cómo se pretenda aplicar en México. “Si ACTA se aplica al pie de la letra todos seremos delincuentes, si se aplica de forma política entonces algunos lo serán y otros no”, dijo.
Ya desde 2010, Manuel Tamez, responsable de Políticas Públicas de Google en México, advirtió que México no debería de participar en la firma de ACTA. Durante su ponencia en el Congreso 2010 de la Sociedad Internet, el ejecutivo de Google calificó al tratado internacional como una “mala legislación” debido a que presupone la culpabilidad de un usuario que haya subido a internet un contenido protegido por derechos. “Esto podría provocar la comisión de abusos y limitar la innovación en internet”, alertó.
Ivonne Muñoz, por su parte, confía en que “si el tratado se apega a los lineamientos de soberanía que se incluyen en nuestros derechos humanos y nuestra Constitución, no debería aprobarse porque implica una violación explícita a lo que ahí se establece.”
Al preguntarle sobre el impacto que la regulación tendrá en las empresas, Muñoz comentó que las compañías con las que trabaja no se perciben en riesgo porque consideran que están dentro de un marco de legalidad y confían en sus sistemas, pero la experiencia que le ha dado el trabajar con la BSA indican que no siempre es así, y cualquiera está expuesto a sorpresas.
El oscuro trasfondo en la firma de ACTA
De acuerdo con el portal Alt1040, una de las razones por las que el Gobierno de México pudo haber firmado ACTA se debe a la intención de formar parte del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica, o TPP.
El Acuerdo TPP es un tratado de libre comercio que involucra a varios países de la zona del Pacífico. Sin embargo, al igual que con ACTA, el TPP se ha discutido de manera secreta. Es más, las naciones que lo conforman han acordado no revelar el documento final durante los cuatro años subsecuentes al término de las negociaciones, sea aprobado o no.
Algunos puntos del acuerdo incluyen: otorgar incentivos legales para que los ISPs cooperen con los titulares de copyright para disuadir el almacenamiento o la transmisión de material protegido; identificar a usuarios de internet por IP, con la facultad de “apagar” sitios web que violen el copyright; permitir que los demandantes perciban una compensación por violaciones del copyright aún si se determina que no existió daño; e imponer un mecanismo legal de vigilancia bajo sospecha, aún cuando no existan antecedentes de violación al copyright.
Una nota del diario El Universal indica que a principios de año el presidente Felipe Calderón señaló su deseo de que México suscribiera el TPP. Pero para poder formar parte de este grupo, aclara el portal Alt1040, los países en donde se aplique deben adaptar la legislación vigente para estar a tono con los puntos del acuerdo, y ACTA facilitaría estas modificaciones a la legislación.
A tomar bando… ¿de qué lado está?
Resulta obvio que el Gobierno Federal impulsará la aprobación definitiva de ACTA antes de que termine el sexenio del Presidente Felipe Calderón. Por ello la firma del acuerdo se realizó antes de que termine su gestión, pero después de que los miembros del Congreso de la Unión finalizaron su periodo de sesiones. Tal vez el mandatario espera encontrar eco positivo en la nueva cámara de senadores.
El IMPI ha definido su postura, apoyando claramente la firma y aprobación de este acuerdo, argumentando que no habrá violación de las libertades o derechos de los usuarios.
El Senado se ha postulado contra la ratificación y aprobación final de ACTA en México.
Por su parte, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) ha manifestado su rechazo a la violación de la privacidad y, en ese sentido, este organismo velará por la protección de los datos de los usuarios de internet.
Asimismo, la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) difundió un comunicado en el que se pronunció en contra de la aprobación de ACTA, argumentando que este acuerdo “violenta las garantías individuales de libertad de expresión, seguridad y debido proceso; las garantías de audiencia y de privacidad de las comunicaciones, así como algunas normas internacionales contenidas en tratados que México ha ratificado.”
Consideraciones finales
Cabe destacar algunos puntos cuestionados en el documento difundido por la AMIPCI:
· A quién se designará como autoridad competente.
· Qué regulación y procedimientos se tienen pensado implementar sin que se afecten los derechos de audiencia, debido proceso, libertad de expresión y privacidad, para la implementación del tratado.
· Qué información para identificar a un suscriptor es la que tiene que entregar un ISP, en qué circunstancias y a quien se deberá entregar.
· Cómo se asegurarán los derechos del posible infractor en caso de que no se resolviera en su contra y se hayan solicitado medidas provisionales que lo afectaran.
Finalmente, a modo de resumen general de ACTA, publicamos a continuación los puntos relevantes para entender el ACTAy su amenaza a la libertad en internet , detallados por el académico español Sergio Octavio Contreras, para la revista Etcétera:
- Las ideas, productos, marcas y toda creación que haya sido registrada como propiedad privada por algún particular, empresa u organismo, será protegida en la red.
- En internet sólo pueden tener acceso a documentos protegidos quienes previamente hayan pagado por ellos. Quien descargue una canción o un libro digital sin haberlo pagado, será catalogado como delincuente por piratería.
- Es considerado ilegal compartir, “bajar” y almacenar “copias” de archivos protegidos por la propiedad intelectual, incluyendo la modificación de códigos digitales.
- El Estado recibirá las demandas de las empresas o particulares que consideren que se atenta contra sus derechos de propiedad privada y actuará contra los cibernautas infractores mediante órdenes judiciales.
- El gobierno tendrá la facultad de inspeccionar la red para encontrar que no existan servidores en México que guarden documentos con derechos de autor, o bien páginas que tengan enlaces a materiales protegidos. En caso de encontrarlos, deberán de ser eliminados.
- Las empresas llamadas Internet Service Provider (ISP) serán obligadas a inspeccionar la función de los cibernautaspara detectar actividades ilegales que atenten contra los derechos de las compañías y todo aquel demandante.
- El ACTA mexicana contempla sanciones contra los cibernautas que compartan o hagan uso de contenidos por los cuales no pagaron previamente. Las infracciones incluyen el bloqueo de páginas de internet, multas económicas y hasta la cárcel. La sanción dependerá de la demanda interpuesta por la empresa productora o el autor, y del daño ocasionado a su propiedad privada.
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