La transición en el gobierno federal y el inicio de actividades de un nuevo Congreso presentan al sector telecomunicaciones la oportunidad de redefinir las políticas públicas en materia de asignación de espectro, penetración de banda ancha e impulso de las Tecnologías de la Información (TI).
Representantes de empresas como Iusacell, Nextel y Telefónica coincidieron en que el inicio de un nuevo sexenio es una coyuntura positiva para el mercado.
En opinión del vicepresidente corporativo de Nextel de México, Gustavo Cantú, es necesario iniciar un proceso nacional de diálogo, planeación y ejecución que permita a México dar el gran salto que han dado otros países.
“En este proceso integral y concluyente deben confluir el gobierno, el Congreso, los órganos reguladores, la propia industria, los especialistas, las organizaciones no gubernamentales y las que defienden a los consumidores”, dijo el directivo al participar en la Conferencia Latinoamericana de Espectro 2012.
Por su parte, el director de asuntos regulatorios de Telefónica México, Yamil Habib, aseguró que México requiere una política de regulación para impulsar los servicios de banda ancha, mediante la asignación del espectro por la vía de licitaciones o subastas.
“Existe la necesidad de definir y segmentar el espectro para licitarlo con bases sólidas que brinden certeza jurídica a los participantes, que existan redes nacionales abiertas, reservas de espectro para servicios públicos, compartición de infraestructura y emitir una política de regulación para banda ancha”, argumentó.
En su opinión, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se “ha quedado corta” en su tarea principal que es la de dirigir el rumbo del sector, mediante el impulso de políticas que beneficien la cobertura social de servicios de telecomunicaciones.
El director regulatorio de Iusacell, Carlos Hirsch destacó a su vez que el desafío que representa un sector más competitivo y cercano a los ciudadanos es una tarea del Congreso, el gobierno y los propios operadores.
En su opinión, en la medida que el Estado invierta en aumentar el número de servicios de gobierno en línea, se creará una demanda que beneficiará a que más personas se interesen en la banda ancha como un servicio fundamental en su vida cotidiana.