El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la BSA-The Software Alliance México, refrendaron el acuerdo de cooperación y coordinación que mantienen desde el año 2002, a fin de fortalecer las campañas a favor del respeto a la propiedad intelectual de la industria de software en el país.
El acuerdo firmado por. Miguel Ángel Margáin, director General del IMPI y por Kiyoshi Tsuru, director General de la BSA en México, corresponde al quinto adendum que realizan ambas instituciones.
Durante el acto, Miguel Ángel Margáin señaló que el IMPI está trabajando intensivamente para disminuir la tasa de piratería en México, con el objeto de generar mayor innovación, la cual se protege en el Instituto.
Por su parte, Kiyoshi Tsuru explicó que, a través del acuerdo interinstitucional que existe entre el IMPI y la BSA, se han logrado consolidar las estrategias en contra del uso de software ilegal que han convertido a México en referente para la región de Latinoamérica.
De acuerdo con los estudios mundiales que realiza la BSA, en el periodo que va del año 2005 al 2011, México redujo en ocho puntos porcentuales los índices de piratería de software, al pasar de un 65% al 57% el uso de programas de cómputo ilegales, lo cual indica que la estrategia de cooperación que mantienen el IMPI y la BSA ha rendido frutos.
En este sentido, el director general del IMPI señaló que en el marco de la colaboración con la BSA el IMPI tiene el compromiso de mantener las tendencias positivas de reducción del índice de software el país, ya que es la forma en la que se fortalece a la industria en México, así como el desarrollo de innovación tecnológica nacional, siendo una manera de dar respuesta a los retos globales que impone la sociedad del conocimiento.
El convenio IMPI-BSA 2013, tiene previsto ampliar la cobertura de las acciones de la campaña “¿Qué traes en tu sistema?”, dirigida a combatir el uso de software ilegal en el sector productivo nacional y permitirá instrumentar acciones regionales, nacionales y sectorizadas para lograr que las empresas del país se aseguren de mantener sus sistemas informáticos libres de piratería de software y a hacer un uso legal y legítimo de los programas de cómputo.