El pasado fin de semana, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), en su carácter de órgano garante del derecho a la protección de información personal, pidió destruir todos aquellos datos que fueron recabados a los mexicanos para el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut).
Estos datos deberán ser destruidos ya que "la finalidad para la cual fueron recabados ya no subsiste".
El pasado jueves, la Cámara de Diputados decidió derogar el Renaut y en su lugar incluir la obligación de las telefónicas para apoyar al Ministerio Público Federal (MPF) a bloquear aparatos y ubicar geográficamente a quienes cometan delitos contra la salud, secuestro, extorsión y amenazas.
Por esto, el órgano de transparencia que preside Jaqueline Peschard consideró que “todos aquellos datos personales que se recabaron a usuarios de telefonía móvil con motivo del Renaut sean cancelados, en virtud de que la finalidad para la que fueron obtenidos ya no subsiste”.
Para esto, el IFAI informó que dará estricto seguimiento al proceso y se coordinará con las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes para asegurar la debida observancia de las normas.
Además, en el caso de los datos personales en posesión de particulares, deberán “seguirse los procedimientos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento. De acuerdo con los citados instrumentos, la cancelación de datos personales da lugar a un periodo de bloqueo, tras el cual se procederá a la supresión del dato”.
Y pidió el proceso de cancelación para la supresión de los datos, pues “los responsables deberán implementar medidas de seguridad suficientes para la protección de los datos personales que se recabaron con motivo del Renaut, de manera que se garantice la integridad de los mismos durante el periodo que permanezcan bloqueados”.
El IFAI informó que en el caso de los datos personales en posesión de dependencias federales, el Instituto proveerá de los instrumento que resulten indispensables para asegurar el debido cumplimiento del mandato legal.