El Tribunal Supremo de España aceptó estudiar un recurso de la Asociación de Internautas de ese país contra la Ley Sinde o Ley de Economía Sostenible, que se empezó a proponer en 2009 y entró en vigor el 6 de marzo de 2011.
La Ley Sinde no fue reglamentada rápidamente y debió seguir un largo proceso después de que entraba en vigor, hasta que en enero pasado el Partido Popular le dio el impulso en el ente legislativo. Por ello, en marzo de 2012 entraría a funcionar la comisión encargada de ‘tumbar’ los sitios web que violaran los derechos de autor, y ya se ha filtrado la lista con los primeros 122 sitios que serían castigados.
Ahora, con la decisión del Tribunal Supremo, esto podría cambiar. En 10 días se decidirá si la Ley Sinde es suspendida provisionalmente mientras se toma una medida de fondo, como pide la Asociación en la demanda. Ese podría ser el primer paso para su caída definitiva.
La impugnación afirma que la nueva regulación hace que la Comisión de Propiedad Intelectual lleve a cabo funciones que solo deberían ejercer los jueces (esta comisión es el organismo que determinaría si un sitio infringe los derechos de autor).
Según la asociación, la ley crea “una notable inseguridad jurídica que pone en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos” a la “libertad de expresión y la libertad de información”.
Una vez aceptada la demanda, el abogado del Estado debe dar una opinión legal antes de 10 días sobre la petición de la Asociación de Internautas de frenar la aplicación de la ley, para que luego el Tribunal Supremo decida qué hacer.