Al hacer la presentación de los resultados del Proyecto de Homologación Normativa en Estados y Municipios en materia de Tecnologías de la Información (TI), la Asociación Mexicana de Internet, A.C. (AMIPCI), concluyó que existen aún muchos pendientes por resolver en el cuerpo normativo de entidades y municipios, para que el marco legal de las tecnologías de la información den certeza jurídica a los usuarios y a las transacciones a través de internet.
En conferencia de prensa, el Presidente de la AMIPCI, Manuel Tamez, aseguró que la complejidad del entramado jurídico y la disparidad entre leyes, reglamentos, normas, decretos y acuerdos (entre otras disposiciones) han dado como resultado una gran diversidad de vacíos jurídicos, diferencias de criterio e incluso contradicciones entre ordenamientos, producto de la rapidez con que han evolucionado las herramientas tecnológicas que se emplean para impulsar el desarrollo de la sociedad en cada entidad del país.
“Es necesario que se realice un esfuerzo específico y concertado de armonización de las legislaciones a fin de hacerlas compatibles con las otras legislaciones federales y estatales”, aseguró Tamez, y agregó: “De la revisión de los ordenamientos de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, si bien se han encontrado elementos comunes, también existen diferencias que reflejan una brecha normativa que puede obstaculizar el desarrollo de algunos sectores económicos y sociales, más allá del propio sector de las TI, como el gobierno electrónico, las operaciones comerciales, la justicia en línea, entre muchas otras.”
La Directora General de Comercio Interior y Economía Digital de la Secretaría de Economía, Claudia Ivette García Romero, dijo que “este proyecto mantiene un alto nivel de prioridad tanto para el Banco Mundial, como para el Gobierno Federal, ya que promueve la armonización de ordenamientos jurídicos locales, estatales y federales que impulsan el uso y producción de las Tecnologías de Información, brindando un ambiente legal que lo favorezca, y con ello, seguridad jurídica para los usuarios o consumidores de dichas tecnologías. Consideramos que sólo mediante un esfuerzo integral de evaluación y propuesta de homologación legislativa, será posible apoyar a las entidades en su proceso de inclusión digital, siempre con pleno respeto de su autonomía”.
El estudio, desarrollado desde 2008 bajo los auspicios del Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (Prosoft) de la Secretaría de Economía y del Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información del Banco Mundial y bajo la responsabilidad de la AMIPCI, se llevó a cabo en tres etapas. La primera de ellas consistió en una investigación exhaustiva de los marcos legales en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, para identificar las iniciativas y su modalidad de regulación de las actividades relacionadas con las TI.
Durante la exposición de los detalles del estudio, Carlos Ponce Beltrán, socio de la Asociación y Director de CGMPS Consultores, despacho responsable de su elaboración, dijo que de los 14,912 ordenamientos revisados, sólo el 38 por ciento (5,736) hacen alusión a alguna de las 126 palabras clave que se tomaron como referencia en la investigación y señaló: “Eso no significa que se haya encontrado una intención explícita de los cuerpos legislativos por actualizar la calidad regulatoria de las TI. Es solamente una referencia cuantitativa que, por sí sola, no refleja la importancia normativa que merece el tema”.
Ponce Beltrán agregó que “la heterogeneidad de los marcos jurídicos, aunada a la falta de comunión de las agendas digitales federales y locales en el sistema de planeación democrática, no favorecen el desarrollo de la innovación de la industria de las tecnologías de la información, ni la reducción de la brecha digital, y tampoco favorece las transacciones o la certeza jurídica de los actos realizados en el entorno digital, como la banca y el comercio electrónico, la validez legal de los documentos digitales, el empleo de la firma digital y los actos en materia penal, sólo por mencionar algunos”.
Partiendo del principio de que las propias constituciones estatales se deben adecuar para otorgar atribuciones a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para promover el desarrollo y uso eficiente de las TI, las conclusiones de la investigación establecen una serie de categorías en las que los marcos legales locales deben realizar ajustes para que las TI tengan la validez y certidumbre a los actos jurídicos en la esfera estatal, en su relación con la legislación federal e incluso en relaciones internacionales.
· Contratación en línea y comercio electrónico. Se refiere tanto a la normatividad que impulsa la economía digital (leyes de firma electrónica, o reformas a códigos de comercio) como a las políticas públicas específicas que busquen impulsar a la industria de las TI como factor de competitividad e innovación.
· Gobierno y TI. Atribuciones para que cada entidad diseñe y desarrolle una agenda digital, e integre en sus programas de planeación estratégica apartados específicos de uso, promoción e impulso de las TI.
· Seguridad de la Información. Sobre las atribuciones en materia de Seguridad de la Información, tales como aspectos probatorios; clasificación de activos intelectuales; conservación de mensajes de datos; controles y auditoría; manejo de la información reservada, confidencial y privada; políticas y programas de seguridad de la información (estándares); propiedad intelectual; protección de datos personales; transferencia de tecnología; entre otros.
· Delitos informáticos y cómputo forense. Delimitación de delitos informáticos, el establecimiento de los medios electrónicos como evidencia legal en juicio, así como las medias precautorias adecuadas, presentes en los Códigos Penales y los de Procedimientos Penales de cada entidad.
De acuerdo con los resultados del estudio, si se logra realizar las modificaciones constitucionales correctas a nivel local, se estaría dando facultades a las autoridades estatales de los tres poderes para:
a) Expedir agendas digitales o programas sectoriales para las TI;
b) Emitir decretos o acuerdos que estimulen el crecimiento de las contrataciones en línea;
c) Reconocer el valor de las firmas, certificados y expedientes digitales;
d) Prever estímulos fiscales para el desarrollo del sector;
e) Crear infraestructura para la conectividad;
f) Permitir que los Municipios emitan reglamentos para la seguridad informática;
g) Tramitar juicios en línea;
h) Estimular el uso de las herramientas tecnológicas por parte de notarios públicos y agentes de la intermediación civil;
i) Prever reglas para la seguridad informática;
j) Dar reconocimiento interestatal (transfronterizo) a operaciones on line; entre otros rubros.
Las dos etapas restantes del proyecto consistieron en la elaboración de una base de datos en línea con todas las disposiciones legales en la materia, producto de la investigación de la primera fase, que tiene la finalidad de ofrecer a los servidores públicos de todos los niveles, una herramienta informativa para tomar modelos de diseño normativo, mejores prácticas y datos de referencia para los trabajos de homologación en sus entidades.
Finalmente, en la última etapa se diseñó y lanzó un curso de capacitación en línea, destinado a servidores públicos federales, estatales y municipales, legisladores, académicos, etc., en dónde se les capacita en materia de gobierno electrónico, contrataciones en línea, seguridad informática, ciberdelitos y cómputo forense.