La Unesco ha materializado por fin el proyecto que anunció en 2018 de crear un marco ético global para el uso de la inteligencia artificial. La directora general del organismo, Audrey Azoulay, presentó la que es la primera norma mundial sobre la ética de la inteligencia artificial adoptada por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
El texto recoge el trabajo realizado con la colaboración de cientos de expertos de todo el mundo tras llevar a cabo intensas negociaciones internacionales. Los 193 estados miembros de la Unesco han adoptado este marco. ¿Pero en qué consiste esto exactamente? El texto, explicó Azoulay, “define los valores y principios comunes que guiarán la construcción de la infraestructura jurídica necesaria para garantizar el sano desarrollo de la IA”. La portavoz recordó que en el mundo actual, la inteligencia artificial es omnipresente y, de hecho, permite muchas de nuestras rutinas diarias, desde reservar vuelos, a conducir coches sin conductor y personalizar nuestras noticias cada mañana. Esta tecnología incluso apoya la toma de decisiones de los gobiernos y del sector privado.
Se trata de tecnologías que están logrando importantes avances en sanidad, en hacer el mundo más inclusivo para las personas con discapacidad o en la lucha contra el cambio climático y el hambre en el mundo, pero su uso también conlleva importantes desafíos. “Vemos un aumento de los prejuicios de género y étnicos, amenazas significativas a la privacidad, la dignidad y la agencia, los peligros de la vigilancia masiva y el aumento del uso de tecnologías de IA poco fiables en la aplicación de la ley, por nombrar algunos. Hasta ahora, no había normas universales que dieran respuesta a estos problemas”, apuntaron desde el organismo.
Claves del nuevo marco regulatorio
El escrito persigue garantizar que las transformaciones digitales promuevan los derechos humanos y contribuyan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, abordando cuestiones en torno a la transparencia, la rendición de cuentas y la privacidad, con capítulos políticos orientados a la acción sobre la gobernanza de los datos, la educación, la cultura, el trabajo, la atención sanitaria y la economía.
En materia de datos, recomienda que se actúe más allá de lo que hacen las empresas tecnológicas y los gobiernos para garantizar a las personas una mayor protección, asegurando la transparencia, la agencia y el control de sus datos personales. Afirma que todos los individuos deberían poder acceder a sus registros de datos personales o incluso borrarlos. También incluye acciones para mejorar la protección de los datos y el conocimiento y derecho del individuo a controlar sus propios datos. Y aumenta la capacidad de los organismos reguladores de todo el mundo para hacer cumplir esta normativa.
Por otro lado, prohíbe explícitamente el uso de sistemas de inteligencia artificial para realizar un rastreo de personas y vigilancia masiva. “Este tipo de tecnologías son muy invasivas, vulneran los derechos humanos y las libertades fundamentales y se utilizan de forma generalizada”, recalca el documento. Este recuerda que la responsabilidad última y la rendición de cuentas deben recaer siempre en los seres humanos y que no se debe dotar a las tecnologías de IA de personalidad jurídica por sí mismas.
El texto también sienta las bases de las herramientas que ayudarán a su aplicación. Así, la Evaluación del Impacto Ético pretende ayudar a los países y a las empresas que desarrollan y despliegan sistemas de IA a evaluar el impacto de esos sistemas en las personas, en la sociedad y en el medio ambiente. Y subraya, por último, que los actores de la inteligencia artificial deben favorecer métodos eficientes en cuanto a datos, energía y recursos, de forma que esta tecnología “se convierta en una herramienta más destacada en la lucha contra el cambio climático y en el tratamiento de los problemas medioambientales”. También pretende reducir el impacto medioambiental de los sistemas de IA y las infraestructuras de datos e incentiva a los gobiernos a invertir en tecnología verde.