Operadores de telecomunicaciones continúan encontrando trabas al despliegue de infraestructura

5G Américas presentó su reporte: Infraestructura en Telecomunicaciones: Regulación Comparada en América Latina y El Caribe, en el que analiza la normativa relacionada al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en la región. El relevamiento pone de manifiesto que, pese a los esfuerzos de las autoridades de gobierno a cargo del sector para agilizar el tendido de redes de telecomunicaciones, aún existen altas barreras para los operadores en este sentido.

Los principales obstáculos para los operadores de telecomunicaciones tienen que ver con las normas de gobiernos municipales y/o locales, que en muchas ocasiones entran en conflicto con las legislaciones y regulaciones de los gobiernos centrales y/o nacionales, y con los extensos plazos contemplados para la resolución de los trámites.

Estas trabas y dilaciones burocráticas ocasionan atrasos en la expansión de la infraestructura necesaria para prestar servicios, encareciendo los costos de despliegue, demorando la llegada de servicios y nuevas tecnologías a los usuarios, e incluso ocasionando sanciones económicas por incumplimientos de obligaciones y metas de cobertura impuestas a los prestadores de servicios. 

Las medidas de emergencia que se tomaron con motivo de la pandemia del Covid-19 también otorgaron a los operadores de telecomunicaciones mayores facilidades para el desarrollo de sus redes. Así como la vigencia de estas normas y la posibilidad de que sean permanentes.

Operadores de telecomunicaciones continúan encontrando trabas al despliegue de infraestructura

Entre las principales barreras se identificaron la burocracia de las normas a nivel municipal, e incluso las contradicciones que pueden existir entre las reglas, trámites y procedimientos a distintos niveles de Gobierno.

5G Américas analizó las regulaciones existentes en Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad & Tobago y Uruguay, que afectan al desarrollo de las redes de los operadores de telecomunicaciones.