Continuamos viviendo momentos sin precedentes a nivel mundial derivados por el COVID-19, donde el impacto de esta crisis sanitaria ha puesto al mundo y los gobiernos en una travesía para poder llevar a cabo estrategias para garantizar la salud y el bienestar humano, y a la par para poder garantizar alimentación para la población mundial. El campo es uno de los sectores que también ha sufrido a raíz de la pandemia.
A pesar de que el campo es el principal sustento de la población en plena crisis sanitaria, este sector productivo está haciendo un esfuerzo heroico por mantenerse a flote, dado que incluso previo a la pandemia ya se estimaban mermas en la producción de tres granos básicos con una reducción del 3 % en maíz, del 9 % en trigo y del 22 % en frijol.
Por esta razón, es importante promover la transformación tecnológica en el sector agrícola ante los grandes retos del abastecimiento de la población que cada vez es más numerosa.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se espera que en el año 2050 la población mundial alcance la cifra de 9.6 mil millones de personas, contando cada vez con menos espacios disponibles para el cultivo.
“La tecnología y la propiedad intelectual juegan un papel muy importante en el proceso de la innovación agrícola para aumentar la productividad y asegurar el suministro mundial de alimentos, pues la I+D agrícola es una actividad que como negocio resulta riesgoso y costoso pues puede tomar hasta 15 años o más desarrollar un producto”, señaló Mariana González, socia de la firma legal BC&B.
Hoy en día, la I&D en el campo recae de forma importante en el sector privado y cada vez menos es financiada con fondos públicos, especialmente en el área de la biotecnología agrícola. En 2015 se reportó que las 10 principales empresas de la industria invierten unos 1,690 millones de euros al año, equivalente al 7.5% de sus ventas, en el desarrollo de nuevos productos, según un informe reciente encargado por CropLife International y EuropaBio. En este contexto, la propiedad intelectual desempeña un papel clave para permitir que las empresas atraigan inversionistas y generen los beneficios necesarios para recuperar los costos de la I+D, como puede ser a través de una posición de privilegio en el mercado o a través de la concesión de licencias por las innovaciones generadas y protegidas.
Para la protección de productos derivados de la I+D agrícola existen varios caminos, como las patentes, las variedades vegetales e incluso la protección de datos regulatorios para agroquímicos. Cuantas más posibilidades tenga un innovador de recuperar su inversión y de obtener beneficios para reinvertir en nuevas innovaciones, mayor será el incentivo para innovar y para que se produzcan innovaciones futuras.
Sin embargo, existe la preocupación de que los derechos de propiedad intelectual en la tecnología agrícola puedan causar un alza en precios a expensas de los agricultores y el público. Los países en desarrollo, con su diversidad de agricultores y sistemas de semillas, presentan desafíos especiales para diseñar un sistema adecuado de propiedad intelectual.
El objetivo debe ser proporcionar incentivos para la innovación agrícola, que permita mejorar la productividad del campo, sin crear limitaciones innecesarias en las prácticas y los medios de vida de los pequeños agricultores. Alcanzar este objetivo requiere un cuidadoso equilibrio de derechos y obligaciones, teniendo en cuenta beneficios socioeconómicos y ambientales de gran alcance y a largo plazo.